LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS

Acaba de estallar un nuevo escándalo público: el de la mafia de los medicamentos, o debería decir un nuevo capítulo de la generalizada corrupción que pervade al gobierno argentino.

Este escándalo se basa en la detención de Néstor Lorenzo, en las explosivas declaraciones del juez Oyarbide y en la subsiguiente renuncia de Alberto Costa en la provincia de Buenos Aires.

Debajo del escándalo del día subyacen datos relevantes oportunamente publicados y que se olvidan o no se vinculan adecuadamente. Mencionaré algunos.

La Administración de Programas Especiales (APE), organismo descentralizado en el Ministerio de Salud, fue creada hace unos 18 años para cubrir gratuitamente el pago de medicamentos especiales (oncológicos, para el HIV, para hemofílicos, etc.) a los enfermos de las obras sociales de los sindicatos. El beneficio indudable para esos enfermos resultó enturbiado porque el APE generó una creciente y desenfrenada corrupción y para peor un ineficiente gasto en salud pública.

Fue público y notorio los frustrados intentos de la ex ministra Ocaña por frenar pagos millonarios a Moyano por falta de rendiciones de cuentas de la CGT de pagos anteriores y su pírrica victoria de desplazar a Capaccioli de la APE, lo que enfureció a Moyano y provocó su caída (ver aquí).

La corrupción opera con diversos mecanismos y a diferentes niveles. Hay unas 250 obras sociales, las más grandes con múltiples locales, que tienen millones de afiliados distribuidos por todo el país. Ellas proveen los medicamentos especiales a los enfermos que los necesitan. El costo de estos medicamentos es elevado y en algunos casos puede llegar a los 100.000 dólares anuales. El APE reintegra lo desembolsado por la obra social. ¡Qué oportunidad para los corruptos! Con tantos niveles y diferencias de organización, en tantas localidades, con diversos proveedores parecería ser muy sencillo incorporar enfermos fantasmas o mantener en la lista de enfermos a los que suspendieron el tratamiento o fallecieron, “arreglar” precios con los proveedores (la noticia del día del fideicomiso de la Bancaria con Lorenzo, ver aquí), aceptar distribuidores de medicamentos truchos o incluso prescindir de todos ellos falsificando troqueles y la papelería.

Además del indudable daño a la salud que pueden provocar los falsos medicamentos y del desvío de muchos millones de pesos (¿cuántos en 18 años?, no lo sé) el gasto hecho así es sumamente ineficiente. Si el estado comprara en bloque los medicamentos necesarios podría obtener descuentos sustanciales. Un tratamiento para el SIDA puede costar por año 25.000 dólares por paciente en la droguería o 500 comprados en la India. Brasil logró drásticas rebajas negociando con la industria farmacéutica. ¿Porqué la Argentina no podría hacer lo mismo?

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